Cualquiera que haya estado en el tráfico del corredor I-395 sabe lo que significa una obra paralizada: congestión constante, más riesgos de seguridad y miles de millones de dólares públicos detenidos. Y no porque el proyecto sea imposible, sino porque las disputas entre contratistas, agencias y aseguradoras no se resuelven. Eso no es progreso. Es un costo que termina pagando la gente.
Los grandes proyectos de infraestructura siempre son complejos. Es normal que haya desacuerdos sobre tiempos, costos o responsabilidades. El problema no es que existan, sino que hoy en día pueden frenar completamente la obra.
Cuando eso pasa, el impacto lo asume el público: peor tráfico, menos actividad económica y más riesgos. Mientras tanto, las decisiones se toman a puerta cerrada, donde pesan más los intereses comerciales que el interés público.
Miami es un ejemplo claro. Proyectos como el Signature Bridge o la transformación del I-395 tienen un impacto enorme, pero avanzan más lento de lo previsto porque el progreso depende de resolver disputas financieras. Así, el retorno privado termina pesando más que la función pública, y la confianza se va deteriorando.
Hay una forma mejor de hacerlo: separar la ejecución de la resolución de disputas.
La prioridad debería ser terminar la obra de forma segura y eficiente. Seguir construyendo mientras los conflictos se resuelven en paralelo, ya sea en tribunales o arbitraje. Porque las disputas pueden tardar años, pero la infraestructura no puede esperar.
Esto no es solo teoría. La ampliación del Canal de Panamá es un buen ejemplo. Cuando el proyecto se detuvo por disputas millonarias, se llegó a un acuerdo provisional para continuar la obra. Las nuevas esclusas entraron en operación mientras los temas legales seguían su curso durante años. Primero funcionó el proyecto. Luego se resolvieron las cuentas.
Ese mismo enfoque puede aplicarse en Estados Unidos. Las agencias públicas pueden incluir cláusulas de “terminar primero” en sus contratos, alineando los incentivos hacia la ejecución. No se trata de eliminar disputas, sino de evitar que paralicen proyectos de los que dependen millones de personas.
La infraestructura siempre va a tener fricción. La diferencia está en si esa fricción detiene todo.
Hoy lo hace.
Y no debería.
Terminen las obras. Después discutan el dinero.
Para más análisis sobre disputas y ejecución de proyectos, puede consultar el blog de Jerry Brodsky.
https://jerrybrodskylegal.com/blog
