El regreso del Frente Amplio a la presidencia de Uruguay a través de su candidato, Yamandú Orsi, podría generar varios efectos en el sector inmobiliario, dependiendo de las políticas económicas y sociales que implemente su administración. Orsi, del Frente Amplio (partido político tradicional de Uruguay con orientación centro izquierda), ha enfatizado un enfoque económico progresista y una colaboración con el sector privado, mientras mantiene la promesa de no aumentar impuestos. Sin embargo, su plan económico incluiría incentivos para las multinacionales, lo que podría atraer inversión y fomentar la estabilidad económica necesaria para el desarrollo inmobiliario.
Su enfoque en reducir el desempleo juvenil y apoyar a las pequeñas y medianas empresas también podría tener un impacto positivo indirecto en el mercado inmobiliario, al aumentar el poder adquisitivo de sectores clave de la población. Además, se espera que su administración promueva proyectos urbanos sostenibles y accesibles, lo que podría revitalizar ciertas áreas y aumentar la demanda en el mercado residencial y comercial.
No obstante, su llegada al poder también genera expectativas de cambios en las regulaciones urbanísticas y los incentivos fiscales, lo que podría crear incertidumbre en el corto plazo para los desarrolladores y propietarios. Si bien Orsi ha destacado la continuidad de muchas políticas económicas del gobierno actual, su postura más inclusiva podría implicar una redistribución de recursos y prioridades que impacte los proyectos inmobiliarios de gran escala.
Tampoco se aseguró un número de viviendas a construir en el próximo período de gobierno, sin embargo son varias las medidas planteadas en el programa del Frente Amplio y dichas por Orsi en sus discursos que abordan esta temática. Por ejemplo, al referirse a la educación de los jóvenes se plantea como una necesidad el resolver sus problemas de vivienda porque ese es un elemento que lleva a que deserten. Para ello se ampliarían los cupos en residencias estudiantiles. Otra medida relacionada será la implementación del Plan Primera Vivienda que implica “facilitar el acceso al crédito hipotecario para las familias de las capas medias que hoy no califican como sujetos de crédito del BHU (Banco Hipotecario del Uruguay), combinando dos instrumentos: subsidio al capital y subsidio a la cuota”. También se apunta a adultos mayores y para ellos se propone un plan piloto de cinco proyectos en los que vivan de manera comunitaria. Esta idea de vivienda colectiva también está planteada para atender la situación de las personas que viven en la calle.
Orsi también prometió atender los casos de “precariedad habitacional”, que abarca a los asentamientos, y la alternativa que planteó es fomentar la herramienta del Plan Juntos, creado por el expresidente José “Pepe” Mujica, también del Frente Amplio. A eso se suma el impulso a soluciones “transitorias” para que se mejoren las “condiciones inhumanas” en las que viven cientos de miles de uruguayos.
Entiendo que aunque su victoria plantea oportunidades, también presenta desafíos para el sector, particularmente en términos de adaptación a nuevas normativas y enfoques de desarrollo económico. Este panorama resalta la necesidad de monitorear cómo evolucionan sus políticas durante los primeros meses de gobierno.
En lo que respecta a la continuidad de la exitosa Ley de Vivienda Promovida, el triunfo de Yamandú Orsi en Uruguay podría impactar en la misma dependiendo de las prioridades de su gobierno respecto a políticas habitacionales. Esta ley ha sido fundamental para el desarrollo inmobiliario en el país, incentivando la construcción de más de 35,000 viviendas y atrayendo inversiones locales y extranjeras, particularmente en Montevideo y otras zonas urbanas. Su eliminación o modificación sustancial podría generar incertidumbre en el mercado, reducir la inversión privada y afectar el acceso a viviendas asequibles para sectores de ingresos medios y bajos.
Por un lado, los beneficios fiscales y financieros que ofrece la ley han sido clave para dinamizar la economía y descentralizar el desarrollo urbano hacia el interior del país. Sin embargo, existe el debate sobre si estos incentivos podrían ser mejor focalizados para atender directamente las necesidades de la población más vulnerable, en lugar de beneficiar en gran medida a inversores y compradores extranjeros. Orsi podría optar por mantener la ley con ajustes que refuercen su enfoque social, alineándose con su compromiso de priorizar el bienestar de las familias trabajadoras y equilibrar el desarrollo urbano.
Cualquier cambio en la ley afectaría directamente tanto a los desarrolladores como a los ciudadanos interesados en adquirir vivienda, y sería crucial garantizar estabilidad regulatoria para evitar un retroceso en los logros obtenidos en el sector inmobiliario hasta ahora.
Richard Mataloni
Consultor en Real Estate y Broker para AR, UY y PY
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